¿Privilegio o negligencia? El caso de las 140 fotomultas del Ejecutivo estatal

El Ejecutivo estatal confirmó el pago de 56,000 pesos para liquidar el pasivo generado por 140 infracciones por exceso de velocidad, registradas entre marzo de 2024 y junio de 2026. Si bien el mandatario aseguró que el pago se cubrió con recursos propios, los números arrojan una duda matemática elemental: ¿cómo se promedian 140 multas en 56,000 pesos?

Al realizar una operación básica, el costo promedio por infracción es de apenas 400 pesos. Esta cifra levanta sospechas sobre si se aplicó un tabulador preferencial o si el monto refleja la gravedad real de los excesos de velocidad, cuando cualquier conductor poblano sabe que las multas de tránsito son escalonadas y pueden alcanzar montos significativamente superiores.

Más allá del monto económico, el fondo del asunto es la seguridad vial. El reglamento de tránsito del estado es claro: la acumulación de múltiples infracciones debe derivar en medidas administrativas contundentes. Para el ciudadano, reincidir en exceso de velocidad conlleva la retención de la licencia de conducir o, en casos extremos, la retención del vehículo.

Entonces, surge la pregunta obligada para la Secretaría de Movilidad y Transporte: ¿Por qué el vehículo oficial pudo operar durante más de dos años y acumular 140 faltas sin ser detenido, infraccionado de forma escalonada o retirado de la circulación?

Si el gobierno es el encargado de promulgar y hacer cumplir la ley, permitir que una unidad oficial burle sistemáticamente los límites de velocidad envía un mensaje peligroso: el sistema de fotomultas parece estar diseñado como una herramienta de recaudación masiva para el ciudadano, mientras que, para la élite gubernamental, se convierte en un simple trámite administrativo que se resuelve con un cheque cuando la presión mediática lo exige.

Los poblanos no solo demandan el pago de las multas, sino una explicación sobre la responsabilidad administrativa. ¿Qué sanción recibió el chofer o el funcionario a cargo de la unidad? ¿Por qué no se aplicó el retiro de la credencial de manejo como marca el reglamento para cualquier infractor reincidente?

El cumplimiento de la ley no se mide por la capacidad de pago del infractor, sino por la aplicación irrestricta de las normas. Mientras no haya consecuencias claras para quienes operan los vehículos del Estado, la confianza en el sistema de fotomultas seguirá siendo una asignatura pendiente en Puebla.