La paradoja de la SMT: Legalizar lo inseguro para sustituir lo peligroso

La reciente propuesta del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, para adquirir 6 mil unidades del auto eléctrico Olinia con el fin de erradicar los mototaxis, ha puesto sobre la mesa una contradicción jurídica y técnica que la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) no puede ocultar. La iniciativa obliga a una pregunta incómoda: ¿está dispuesto el Gobierno del Estado a romper sus propias reglas de seguridad vial con tal de resolver un problema político y social?
 
Hora 13 Noticias30 de junio de 2026duo multimediosduo multimedios
Olinia TaxiPara que estas unidades colectivas compactas puedan operar de manera legal, la titular de la SMT, Silvia Tanús Osorio, confirmó la necesidad de una reforma integral a la Ley General de Transporte del Estado de Puebla. La razón de fondo es puramente regulatoria: ni el proyecto oficial Olinia, ni alternativas del mercado comercial como el modelo Ecomoto E10 2025, cumplen con los estándares que la propia dependencia exige de forma estricta a los transportistas ordinarios en su pase de revista.
Cualquier concesionario de transporte público en Puebla sabe que el pase de revista es implacable. Para aprobarlo, la SMT exige el cumplimiento de la norma federal NOM-194-SE-2021, la cual establece como requisitos mínimos obligatorios para los automóviles la incorporación de frenos antibloqueo (ABS), control electrónico de estabilidad (ESC) y, fundamentalmente, al menos dos bolsas de aire frontales.
Aquí radica la paradoja. El Olinia y el Ecomoto E10 carecen por completo de bolsas de aire y sistemas ABS en sus configuraciones de bajo costo. Bajo el reglamento vigente, cualquier inspector de la SMT tendría la obligación legal de retirar estas unidades de la circulación si pretendieran operar como taxis o colectivos convencionales. Son, bajo la normativa técnica actual, vehículos técnicamente inseguros para la modalidad de pasajeros.
Como era de esperarse, este anuncio ha encendido las alarmas y la indignación entre los líderes de los bloques y rutas del transporte público convencional en el estado. Representantes de diversas organizaciones transportistas califican la medida como una "burla y un doble rasero intolerable" por parte del Ejecutivo y de la SMT. Los líderes gremiales argumentan que, mientras a las rutas tradicionales se les asfixia económicamente exigiéndoles la modernización inmediata de camiones y minivanes con altos costos de mercado, pólizas de seguro de cobertura amplia, cámaras conectadas al C5 y unidades año-modelo recientes bajo amenaza de retirarles la concesión, al gobierno le basta una reforma "fast-track" para legalizar vehículos que no pasarían ninguna auditoría de impacto o colisión. "Nos exigen cumplir con la ley al pie de la letra, pero cuando el Estado quiere meter sus propios carros, simplemente cambian la ley para perdonarse las bolsas de aire", acusan los operadores en los pasillos de las delegaciones.
La justificación gubernamental para validar estos vehículos "reprobados" por la SMT apela a la teoría del mal menor. El argumento oficial señala que un miniauto cerrado, equipado con cinturones de seguridad, cuatro ruedas y frenos de disco, representa una opción infinitamente más segura y digna que un mototaxi tradicional —una motocicleta acoplada a una lona donde los usuarios viajan totalmente desprotegidos ante cualquier impacto—.
Para destrabar el nudo legal, el Congreso de Puebla no buscará que los minicoches se adapten a las exigencias vigentes de la SMT; en su lugar, obligará a la SMT a adaptarse a los minicoches. La reforma legislativa proyecta crear una categoría excepcional de "micromovilidad urbana de baja velocidad" (LSEV), exentando a estas unidades ligeras (cuyas velocidades máximas rondan los 45 o 50 km/h) de las costosas pruebas de impacto y aditamentos exigidos a la industria automotriz general.
Esta pirueta legislativa para salvar al Olinia generará un efecto colateral en el sector comercial. Si la reforma se redacta bajo criterios técnicos abiertos para regular la micromovilidad de baja velocidad, alternativas privadas como el Ecomoto E10 2025 adquirirán de inmediato viabilidad jurídica para competir en el mercado de la sustitución de mototaxis. Si la ley se restringe exclusivamente al modelo gubernamental, se consolidará un monopolio de estado bajo un evidente doble rasero normativo.
Al final del día, la estrategia de movilidad en Puebla se encamina a legalizar lo que antes se consideraba inseguro para poder desplazar lo que hoy es abiertamente peligroso. El tiempo y la implementación de la reforma en el Congreso local definirán si esta flexibilidad reglamentaria logra ordenar las vialidades de la periferia o si, por el contrario, debilita de forma permanente los estándares de seguridad vial del estado.
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