Teziutlán, Pue. — Lo que debió resolverse con política, mediación y oficio gubernamental ha escalado a una crisis social de magnitudes alarmantes debido a la absoluta indolencia y omisión del Gobierno del Estado de Puebla. La flagrante falta de intervención de la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal ha reactivado un añejo conflicto territorial y de abasto de agua entre los municipios de Teziutlán y Chignautla, dejando en total estado de indefensión a miles de ciudadanos.
Este conflicto por la administración de la infraestructura hidráulica y los límites territoriales no es nuevo; sin embargo, la actual administración estatal ha preferido administrar el problema en lugar de solucionarlo. El costo de esta pasividad estatal estalló de la peor manera: comités de agua de Chignautla cerraron las válvulas de suministro, un acto criminal que mantiene sin el servicio básico a miles de familias, comercios, planteles educativos y, de forma crítica, a hospitales donde se atiende a personas que requieren asistencia médica permanente.
Mientras la presión social asfixia a la presidenta municipal de Teziutlán, Karla Martínez, y al edil de Chignautla, Juan Toral Ramos, la ciudadanía apunta directamente al gobernador Alejandro Armenta y al titular de la Segob, Samuel Aguilar Pala. A ambos se les acusa de una total falta de liderazgo y de mantener una mediación institucional que no solo ha sido insuficiente, sino francamente inexistente, permitiendo que la disputa escalara hasta el secuestro del recurso hídrico.
La inoperancia del aparato estatal quedó en evidencia de manera vergonzosa durante la reunión celebrada el pasado viernes 3 de julio de 2026. En dicho encuentro, el delegado regional de Gobernación en Teziutlán, José Manuel Bello, fue exhibido públicamente por su incompetencia. Al ser cuestionado sobre por qué no había notificado formalmente al Ayuntamiento de Teziutlán sobre la mesa de trabajo programada para ese mismo día, el funcionario no tuvo respuesta.
Esta omisión deliberada o negligente por parte del delegado de la Segob no solo dinamitó los esfuerzos de diálogo, sino que confirmó que los representantes del gobierno estatal en la región operan como un obstáculo en lugar de un puente de solución.
Habitantes de la región no dudaron en señalar que el presidente municipal de Chignautla, Juan Toral Ramos, ha impulsado y solapado el cierre de válvulas en complicidad con ciertos sectores locales, utilizando el agua como una estrategia de presión y posicionamiento personal de cara al proceso electoral de 2027.
Lo verdaderamente grave, acusan los afectados, es que el Gobierno del Estado sea cómplice por omisión de este chantaje político. Los ciudadanos recordaron con indignación que el acceso al agua es un derecho humano universal, y que ninguna disputa política, administrativa o territorial justifica que la población sea utilizada como rehén.
La comunidad de ambos municipios coincide en que la crisis ya rebasó las capacidades locales debido al sabotaje institucional de las propias autoridades estatales. Por ello, lanzan un llamado enérgico y urgente para que el Gobierno de Puebla deje la simulación, asuma su responsabilidad histórica y convoque de inmediato a una mesa de diálogo permanente y vinculante.
Es imperativo que la Segob Puebla diseñe una solución definitiva al problema de límites territoriales y distribución hidráulica. La población de Teziutlán y Chignautla ya no tolera más mesas de trámite ni delegados improvisados; exigen un gobierno estatal que gobierne y que garantice el derecho a la vida y a la salud de sus habitantes.
