¡ESCÁNDALO EN LA MIXTECA! Alcaldesa de Acatlán se casa en secreto con su exjefe de Seguridad en medio de crisis política

ATLIXCO, Pue. – En un giro digno de telenovela que ha dinamitado la política local, la filtración de un acta de matrimonio confirmó lo que era el secreto peor guardado de la Mixteca: la alcaldesa de Acatlán de Osorio, Guadalupe Lucero Bárcenas, se casó en secreto con su polémico exjefe de Seguridad Pública, el marino Juan Alberto Domínguez López.
Municipios24 de junio de 2026 Manuelillo Hernandez
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El documento oficial revela que la boda civil se celebró en total sigilo el pasado 21 de junio en el municipio de Atlixco. El enlace, bajo el régimen de bienes separados, ocurrió apenas unos días después de que la presión del Cabildo obligara a la presidenta municipal, de 35 años, a destituir a Domínguez, de 28, de la corporación policial para intentar calmar las aguas. 
La relación sentimental ya había desatado una auténtica guerra en el Ayuntamiento. Los regidores exigieron la cabeza del jefe policiaco argumentando un descarado conflicto de intereses y la pérdida de control en la seguridad del municipio. Aunque la alcaldesa terminó cediendo y firmando el despido de su ahora esposo, la confirmación de la boda cayó como una bomba informativa. La oposición acusa una total falta de ética y advierte que la seguridad del municipio estuvo comprometida por razones afectivas. 
Siete regidores y el síndico municipal rompieron el silencio tras la entrega de pruebas ante el Poder Legislativo estatal. El cuerpo edilicio fue contundente al señalar los motivos de la ruptura absoluta con la alcaldesa:
"Existen presuntos actos y omisiones que de manera directa han afectado la legalidad, la rendición de cuentas, el correcto uso de los recursos públicos, la gobernabilidad municipal y la tranquilidad social de Acatlán."
Los cabildantes también aclararon que no permitirán simulaciones políticas ni pactos ocultos tras las mesas de diálogo convocadas por el Gobierno estatal: 
"Es importante precisar que se trata de dos momentos distintos e independientes: por un lado, la mesa de trabajo orientada al diálogo institucional; y por otro, la presentación formal del oficio ante el Congreso del Estado. La vía legal para deponer a la presidenta municipal se mantiene firme."
Para respaldar legalmente la destitución, el Cabildo solicitó formalmente la intervención de la Auditoría Superior del Estado (ASE) para ejecutar una revisión financiera extraordinaria de carácter urgente. Los regidores insisten en que existe una total opacidad en el manejo del dinero público, señalando presuntos desvíos en los contratos de obra pública, la alteración de nóminas y movimientos injustificados en las cuentas de la Tesorería municipal. 
El presidente del Congreso de Puebla, Pável Gaspar Ramírez, ratificó que las investigaciones financieras correrán a la par del proceso legislativo. "La Auditoría va a hacer su trabajo y nosotros, como legisladores, vamos a seguir nuestra ruta", sentenció, advirtiendo que el destino de la alcaldesa dependerá directamente de los faltantes que arroje la revisión fiscal.
Ante el escándalo que vincula la seguridad pública con el matrimonio de la edil, el secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala, fijó una postura institucional contundente tras las mesas de concertación en Casa Aguayo. La dependencia estatal determinó que la remoción del marino Juan Alberto Domínguez López es definitiva e irrevocable. 
Samuel Aguilar Pala puntualizó que el exjefe policiaco no podrá ser reubicado en ninguna otra área del Ayuntamiento de Acatlán para evitar la continuidad del conflicto de intereses y garantizar la estabilidad política. Asimismo, el titular de la Segob aclaró que, al tratarse de un elemento asignado, su futuro operativo y su reincorporación dependen estrictamente de los mandos federales de la Secretaría de Marina (SEMAR), quedando totalmente fuera de la administración de la Mixteca poblana. 
El polémico matrimonio llega en el peor escenario para la región. El secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, confirmó que la corporación estatal ha tenido que asumir las funciones de vigilancia y control operativo de forma temporal para garantizar el orden de los ciudadanos mientras se resuelve la crisis interna. La ciudadanía y colectivos locales reclaman que, mientras el municipio padecía un repunte en delitos patrimoniales y cobros ilegales de la policía vial, la jefa del ejecutivo concentraba sus esfuerzos en encubrir su vida sentimental. 
La solicitud de revocación de mandato avanza de manera oficial en el Congreso de Puebla. A partir de este momento, el caso se mantendrá bajo estricto rigor jurídico en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis formal. Mientras la vía institucional progresa a contrarreloj y los auditores se preparan para revisar las arcas de la comuna, los habitantes de la Mixteca contienen el aliento ante un palacio sitiado por protestas, donde la línea entre el romance de sus gobernantes y la seguridad de la población terminó por romperse por completo. 
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