Oficial intenta quitarse la vida tras presunto abuso; señalan negligencia del edil José Luis Martínez

ZARAGOZA, Pue. – La indignación y el hartazgo social han estallado en el municipio de Zaragoza tras revelarse un oscuro caso de violencia interna en la Dirección de Seguridad Pública. Una mujer policía, víctima de presuntos abusos físicos y sexuales, intentó quitarse la vida recientemente, dejando al descubierto la crisis de salud mental y la falta de justicia que impera dentro de la administración municipal.

La denuncia, que ha cobrado fuerza en redes sociales y círculos ciudadanos, señala directamente al Director de Seguridad Pública, Jorge González Campo, como el presunto agresor de su propia subordinada. Los señalamientos indican que los presuntos actos de violencia física y sexual fueron de tal magnitud que ya existe una carpeta de investigación abierta ante las autoridades correspondientes.

Sin embargo, el trauma de la agresión y la aparente desprotección institucional llevaron a la oficial a un estado de desesperación absoluta, derivando en un intento de suicidio. Este lamentable hecho ha encendido las alarmas, pues evidencia que quienes deberían recibir protección por parte del municipio, están siendo revictimizadas por sus propios mandos.

Lo que más lacera a la ciudadanía de Zaragoza es la postura del presidente municipal, José Luis Martínez Hernández quien atraves de redes nuestra apoyo a las mujeres pero en la realidad dentro de su gobierno impera el silencio ante un caso de extrema gravedad, pues a la fecha no existe una postura sobre dichos hechos.

Habitantes del municipio califican de incomprensible y negligente que el alcalde no haya tomado acciones firmes, ni separado del cargo al funcionario señalado. La pregunta que recorre las calles de Zaragoza es clara: ¿Por qué José Luis Martínez Hernández sigue solapando a un presunto violentador?

Para la población, permitir que un hombre acusado de violentar a una mujer continúe portando el uniforme y ostentando poder es un mensaje directo de impunidad. Ciudadanos exigen que el alcalde rompa el silencio y que la justicia estatal intervenga de inmediato.

“Quien debe garantizar la seguridad no puede ser el agresor, y quien gobierna no puede ser cómplice con su silencio”, manifiestan voces ciudadanas.